|  | | | | | Imagen de la Ría de Vigo. S. R. | | | |
La comisión de Peticiones del Parlamento Europeo decidió ayer mantener abiertas, por la intervención del eurodiputado Willy Meyer (IU), dos quejas presentadas por ciudadanos vigueses y por la “Plataforma pola Defensa da Ría de Vigo” sobre la contaminación que sufre esa ría.
La comisión de Peticiones volverá a tratar la localización de la depuradora de Coruxo en una reunión posterior, con el objetivo de “garantizar que se cumplen las normas comunitarias” sobre impacto ambiental.
La primera de las denuncias fue presentada en el año 1999 por cuatro mil vecinos de Vigo, que informaban en su petición de “errores de funcionamiento, de diseño o de ejecución” de la estación depuradora de aguas residuales urbanas de Vigo, construida con fondos comunitarios dentro de la marisma que se forma en la desembocadura del río Lagares.
Los peticionarios se quejaban de las “molestias enormes” que las instalaciones causaban a los vecinos y de la posibilidad de que incumplieran la directiva “hábitats” de la Unión Europea.
La segunda queja la presentó la Plataforma pola Defensa de la Ría en el año 2006, y se quejaba de la programación y ejecución de nuevos proyectos “que no hacen sino dañar la ría”, como zonas de almacenamiento de aguas residuales industriales y aguas negras, montículos de tierra, diques, playas artificiales, puertos deportivos o ampliación de puertos.
Asimismo, la Plataforma afirmaba que todo ello se había puesto en marcha “sin haber realizado las correspondientes evaluaciones de impacto ambiental y sin haber cumplido otras normas en vigor al respecto”. Los peticionarios invitaban a que se realizase un “estudio integral” de la Ría de Vigo en el que se considerasen todos los aspectos, “incluida la protección medioambiental”.
La Comisión Europea, presente hoy en la reunión de comité parlamentario ha reconocido que no tiene competencias para “decir a los Estados miembros dónde localizar sus depuradoras”, por lo que no le compete impedir que esas instalaciones queden emplazadas en el río Lagares, tal como le reclamaban los denunciantes.
El Ejecutivo comunitario tiene abierto actualmente un procedimiento de infracción contra España por la “inexistencia de un tratamiento adecuado y suficiente de las aguas residuales” en 200 aglomeraciones urbanas de todo el país, entre las que se encuentra la ría de Vigo y, más concretamente, Cangas, Lagares-Vigo, Redondela, Baiona y Nigrán, según afirmó en su día el Comisario Europeo de Medio Ambiente, Stravos Dimas.
La directiva sobre el tratamiento de aguas residuales urbanas exige que todas las aglomeraciones urbanas con más de 15.000 equivalentes habitante (unidad homogénea por la que se contabiliza no sólo la población, sino también las industrias de la zona o la cabaña ganadera) dispongan de sistemas colectores y de instalaciones de tratamiento secundario para las aguas residuales. | 
